Estranyats i esfereïts, els mitjans de comunicació estatals han parlat aquests darrers dies de la pena de dos anys de presó de les activistes de Pussy Riot que van entrar a la Catedral de Moscou per ballar, cantar i insultar en Vl. Putin, encomanant tot plegat, i sobretot l'atac a la Rússia putinista, a la Mare de Déu. Hem vist imatges i crec que, encara que l'espectador no sigui ortodox, les accions realitzades a susdita Catedral haurien molestat fins i tot el turista mitjà, que tothom sap que té una consciència religiosa moderadíssima, o inexistant.
El cas és que el Codi Penal espanyol indica al seu art. 524 que "[e]l que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". En origen -abans del 2003- s'hi establia un import de les multes bastant menor: "con la pena de [...] multa de cuatro a diez meses". El canvi el 2003 es pot deure a les pressions del Vaticà -un Vaticà decadent, perdut, desorientat, que fa accions últimes, demostracions de força, abans de morir- sobre Aznar.
Citem-ne una sentència del Suprem. És la STS 15812/1993, del 25 de març: FJ 4 aclareix que "la aceptación jurídica ha de estimarse coincidente con la gramatical, según la cual, supone tratar a una cosa sagrada sin el debido respeto, lo que conduce a la necesidad de precisar, a su vez, las cosas que han de calificarse como sagradas y es claro que atendiendo a los dogmas y a los de las distintas religiones, siempre se han reputado como tales las dedicadas a Dios o al culto divino, por lo que, concretándose a la religión católica, es incuestionable que, como se dice acertadamente en el motivo, el Crucifijo es para la religión cristiana quizá la cosa sagrada por excelencia después de la Eucaristía, debiendo reputarse como punibles no solamente los actos de burla, mofa, escarnio, etc., sino los simplemente atentatorios al debido respeto al Crucifijo"; FJ 5 que "el elemento subjetivo del delito contemplado [...] se halla constituido, según opinión doctrinal unánime, por el dolo específico o ánimo deliberado de ofender los sentimientos religiosos legalmente tutelados, habiendo declarado este Tribunal desde siempre y de manera constante, que como la intención es algo que por pertenecer a lo más recóndito del alma humana no es perceptible por los sentidos, nunca puede ser objeto de prueba directa, por lo que, necesariamente, lo ha de ser de prueba indirecta o indiciaría, debiendo deducirse o inferirse el animus del conjunto de las circunstancias fácticas objetivas"; FJ 12 conclou que "es cierto que no existe un concepto o definición legal ni jurisprudencial de la temeridad o mala fe, por lo que ha de reconocerse un cierto margen a la valoración subjetiva en cada concreto caso objeto de enjuiciamiento, pero no lo es menos que este Tribunal, a través de las sentencias dictadas en las distintas jurisdicciones, ha establecido una pauta general, al declarar que debe entenderse que tales circunstancias han concurrido cuando la pretensión de tal manera carezca de consistencia que no pueda dejar de deducirse que quien la formuló no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia pretendida y de que no llevaba razón".
Així les coses, la diferència entre Rússia i Espanya és poca: n'hi ha prou amb fer un cop d'ull a les estadístiques sobre els conflictes entre la societat civil i l'Església catòlica.
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