dimarts, 27 de novembre del 2012

RDL 27/12: todas las nueces posibles, más allá del ruido del orden liberal




El RDL 27/12 es sin duda insuficiente teniendo en cuenta las expectativas -también las mías-, pero respecto el régimen anterior -para entendernos, el RDL 6/12 o Código de buenas prácticas facultativo y casi inaplicable por su àmbito restringidísimo- es un progreso inmenso. 

En un momento dado pareció que iban a derogar la idea de que <la satisfacción de una obligación crediticia es independiente de circunstancias personales>: deberían haberlo hecho, aunque con ello derogasen la base del capitalismo. Lo que no se puede es seguir sosteniendo un cambio en la legislación hipotecaria sin pretender a la vez un giro en la concepción del modelo económico. Es por esta inconsistencia que dudo de un cambio efectivo de la LH. Por eso, dentro del capitalismo, me parece que el RDL 27/12 es rayano en lo incongruente con el liberalismo europeo -parece, de hecho, que ha sido la UE el obstáculo verdadero a una reforma a fondo de la cuestión-.

dimarts, 13 de novembre del 2012

Configuració dels drets fonamentals dels detinguts preventivament en vagues generals de treballadors


A.


CONVENI EUROPEU DE DRETS HUMANS I TRIBUNAL D'ESTRASBURG


Artículo 5

1. TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD. NADIE PUEDE SER PRIVADO DE SU LIBERTAD, SALVO EN LOS CASOS SIGUIENTES Y CON ARREGLO AL PROCEDIMENTO ESTABLECIDO POR LA LEY:

B) SI HA SIDO DETENIDO PREVENTIVAMENTE O INTERNADO, CONFORME A DERECHO, POR DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL O PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION ESTABLECIDA POR LA LEY.

C) SI HA SIDO DETENIDO PREVENTIVAMENTE O INTERNADO, CONFORME A DERECHO, PARA HACERLE COMPARECER ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, CUANDO EXISTAN INDICIOS RACIONALES DE QUE HA COMETIDO UNA INFRACCION O CUANDO SE ESTIME NECESARIO PARA IMPEDIRLE QUE COMETA UNA INFRACCION O QUE HUYA DESPUES DE HABERLA COMETIDO.

F) [...]

2. TODA PERSONA DETENIDA PREVENTIVAMENTE DEBE SER INFORMADA, EN EL MAS BREVE PLAZO Y EN UNA LENGUA QUE COMPRENDA, DE LOS MOTIVOS DE SU DETENCION Y DE CUALQUIER ACUSACION FORMULADA CONTRA ELLA.

3. TODA PERSONA DETENIDA PREVENTIVAMENTE O INTERNADA EN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO 1, C), DEL PRESENTE ARTICULO DEBERA SER CONDUCIDA SIN DILACION A PRESENCIA DE UN JUEZ O DE OTRA AUTORIDAD HABILITADA POR LA LEY PARA EJERCER PODERES JUDICIALES, Y TENDRA DERECHO A SER JUZGADA EN UN PLAZO RAZONABLE O A SER PUESTA EN LIBERTAD DURANTE EL PROCEDIMIENTO. LA PUESTA EN LIBERTAD PUEDE SER CONDICIONADA A UNA GARANTIA QUE ASEGURE LA COMPARECENCIA DEL INTERESADO EN JUICIO.

4. TODA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD MEDIANTE DETENCION PREVENTIVA O INTERNAMIENTO TENDRA DERECHO A PRESENTAR UN RECURSO ANTE UN ORGANO JUDICIAL, A FIN DE QUE SE PRONUNCIE EN BREVE PLAZO SOBRE LA LEGALIDAD DE SU PRIVACION DE LIBERTAD Y ORDENE SU PUESTA EN LIBERTAD SI FUERA ILEGAL.

5. TODA PERSONA VICTIMA DE UNA DETENCION PREVENTIVA O DE UN INTERNAMIENTO EN CONDICIONES CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES DE ESTE ARTICULO TENDRA DERECHO A UNA REPARACION.

Jurisprudència (in Josep Casadevall Medrano, president del TEDH, "Conveni Europeu", 2007):

La sentència del TEDH cas Ognyanova i Choban contra Burgària: "l'existència de raonS plausibles per suspitar [...] implica que si un examen no permet, a causa de la seva insuficiència, establir els fets que motiven la detenció preventiva ni tampoc recollir cap mena de documentació pertinent és impossible de determinar clarament sobre quines disposicions de dret intern, si n'hi havia, reposava la detenció; per la qual cosa, doncs, la detenció serà en tal cas no emparada per l'art. 5 CEDH". 

En paral·lel, en la sentència del TEDH cas Ambruszkiewicz: "cal que els motius invocats per les autoritats a l'hora de detenir preventivament puguin ser, en les circumstàncies de la causa, convincents i pertinents". 

I, finalment, en la mateixa sentència de supra: "el jutge ha d'examinar abans l'aplicació de mesures menys severes que la privació de llibertat i, en el cas que opti per aquesta darrera en defecte de la imposició d'una fiança o ésser sota vigilància judicial, explicar les raons que justifiquen la detenció".


B.


CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA


Artículo 16

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología [...].

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

Jurisprudència STC 339/2005: "como hemos manifestado en la ya citada STC 165/2005, de 20 de junio, citando anteriores pronunciamientos de este Tribunal, “el derecho a la asistencia letrada, interpretado por imperativo del art. 10.2 CE de acuerdo con el art. 6.3 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades públicas, y con el art. 14.3 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos es, en principio, y ante todo, el derecho a la asistencia de un Letrado de la propia elección del justiciable (STC 216/1988, de 14 de noviembre, FJ 2), lo que comporta de forma esencial que éste pueda encomendar su representación y asesoramiento técnico a quien merezca su confianza y considere más adecuado para instrumentalizar su propia defensa (SSTC 30/1981, de 24 de julio, FJ 3; 7/1986, de 21 de enero, FJ 2; 12/1993, de 18 de enero, FJ 3). Así pues, en el ejercicio del derecho a la asistencia letrada tiene lugar destacado la confianza que al asistido le inspiren las condiciones profesionales y humanas del Abogado y, por ello, procede entender que la libre designación de éste viene integrada en el ámbito protector del derecho constitucional de defensa (STC 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 5; 18/1995, de 24 de enero, FJ 2.b; 105/1999, de 14 de junio, FJ 2; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 3; 130/2001, de 4 de junio, FJ 3)” [FJ 11 b)]".

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Regulació: Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, Reguladora del Procedimiento Habeas Corpus.

Jurisprudència STC 95/2012, de 7 de mayo: "la demandante, detenida en el puesto de seguridad ciudadana de Torre de la Higuera, adscrito a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, instó un procedimiento de habeas corpus sobre las 22:40 horas del día 7 de agosto de 2010, denunciando expresamente que, no obstante no quedar ya diligencias por practicar en el atestado, había tenido conocimiento de que iba a continuar detenida hasta el lunes 9 de agosto. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de La Palma del Condado, de conformidad con el informe del Fiscal, denegó la incoación de dicho procedimiento por Auto del día 8 del mismo mes, no porque la solicitud careciese de los requisitos formales antes expuestos ni porque no concurriera el presupuesto fáctico de una real y efectiva situación de privación de libertad, sino al entender que la recurrente no se encontraba en ninguno de los supuestos considerados como detención ilegal por el art. 1 LOHC. De esta manera, la resolución judicial, no sólo no restableció el derecho a la libertad vulnerado, una vez constatado que las diligencias policiales ya estaban concluidas y, no obstante, no se había pasado a la detenida a disposición judicial, sino que desconoció la garantía prevista en el art. 17.4 CE, infringiendo específicamente este precepto constitucional (así, SSTC 14/2009 y 15/2009, ambas de 20 de enero, FJ único), al anticipar el fondo en el trámite de admisión, impidiendo que la recurrente compareciera ante la Juez y formulara las alegaciones y propusiera las pruebas que entendiera pertinentes. En definitiva, el órgano judicial no ejerció de forma eficaz su función de control de la privación de la libertad de acuerdo con la naturaleza y función constitucional del procedimiento de habeas corpus. Esta conducta, además, aparece acentuada en este caso porque, según hemos expuesto, el Juzgado de Instrucción, sin oír a la recurrente sobre las circunstancias de su detención, la devolvió a las dependencias policiales de procedencia, limitándose previamente a notificarle el Auto de inadmisión." 

Jurisprudència: "En el proceso de habeas corpus (entre otras, en la STC 165/2007, de 2 de julio, FJ 6) [...] este procedimiento implica “una garantía procesal específica prevista en la Constitución para la protección del derecho fundamental a la libertad personal cuyo acceso no puede ser en modo alguno denegado sin que a la persona que acuda al mismo no se le haga saber la precisa razón legal de dicha denegación, so pena de incurrir el órgano judicial que así proceda en una vulneración del derecho a obtener una resolución judicial motivada” (STC 66/1996, de 16 de abril, FJ 5).

Artículo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

[...]

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Jurisprudència STC 59/1990: "El primero de los enunciados requisitos es de inexcusable cumplimiento en todo tipo de manifestación, pues el único derecho que la Constitución protege es el de reunión «pacifica y sin armas», constituyendo al propio tiempo, y junto con la infracción del orden público, el único motivo por el que la autoridad gubernativa puede prohibir la realización de una manifestación en un lugar de tránsito público, puesto que el número segundo del art. 21 tan sólo condiciona el ejercicio de dicho derecho a la circunstancia de que pueda inferirse la presunción de alteración del orden público «con peligro para personas o bienes». Por esta razón, toda manifestación en la que pudieran ejercerse, tanto violencias «físicas» (cfr. STDEH de 21 de junio de 1988, asunto «Plattform Arzte für das Leben»), como incluso «morales con alcance intimidatorio para terceros» (STC 2/1982), excede los límites del ejercicio del derecho de reunión pacifica y carece de protección constitucional, haciéndose acreedora de las sanciones previstas en nuestro ordenamiento. 

Ibid: "La obligación de comunicar, previamente, a la Autoridad gubernativa la realización de la manifestación es, por el contrario, tan sólo exigible con respecto a las reuniones «en lugares de tránsito público» (art. 21.2). En la actualidad dicha comunicación se rige por los arts. 8 y siguientes de la L. O. 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, de cuyo régimen interesa destacar. En primer lugar, que no se trata de interesar solicitud de autorización alguna (art. 3, L. O. 9/1983), pues el ejercicio de este derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa (arts. 9.1 y 10.1 C.E.), sin que pueda conceptuarse como un derecho de configuración legal -sino tan sólo de efectuar una declaración de ciencia o de conocimiento a fin de que la Autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes como la protección de los derechos y bienes de la titularidad de terceros, estando legitimada, en orden a asumir tales objetivos, a modificar las condiciones de ejercicio del derecho de reunión e incluso, a prohibirlas, previa la realización siempre del oportuno juicio de proporcionalidad y en esta última solución extrema siempre que concurra el único motivo que la Constitución contempla para sacrificar el ejercicio de este derecho fundamental: La existencia de razones fundadas de alteración de orden público, con peligro para personas o bienes; y en segundo lugar, que dicha actuación administrativa no es reconducible a ningún género de manifestación de autotutela, pues la imposición de condiciones gravosas o la prohibición del ejercicio de este derecho fundamental es inmediatamente revisable (art. 11 de la L. O. 9/1983), por una Autoridad independiente e imparcial, como lo son los órganos de Poder Judicial, a quienes la Constitución (art. 53.2), en materia de protección de derechos fundamentalcs, más que la última les ha otorgado «la primera palabra»."

Ibid.: "Aun admitiendo que la alteración al orden público se produce cuando injustificadamente se limita el derecho a la libre circulación, es evidente que la norma constitucional exige también la creación de una situación de peligro para las personas o sus bienes, situación de peligro que, tal y como ya se ha indicado, hay que estimar cumplida cuando de la conducta de los manifestantes pueda inferirse determinada violencia «física» o, al menos, «moral» con alcance intimidatorio para terceros".

Artículo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Jurisprudència STC 104/2011: "Que “los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de forma contraria a los derechos fundamentales” (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 4; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 299/2006, de 23 de octubre, FJ 6, o 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3). O desde el enfoque acogido, por ejemplo, en la STC 2/2001, de 15 de enero, FJ 2, o más recientemente en la STC 29/2009, de 26 de enero, FJ 3, que “los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito”. Desde la perspectiva constitucional, entonces, la legitimidad de la intervención penal en los casos en que la aplicación de un tipo entra en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales no viene determinada por los límites del ejercicio del derecho, sino por la delimitación de su contenido (según hemos señalado, por ejemplo, en las SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 4; o 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5). De forma que cuando una conducta constituya, inequívocamente, un acto ajustado al ejercicio regular del derecho fundamental, respondiendo por su contenido, finalidad o medios empleados a las posibilidades de actuación o resistencia que el derecho otorga, no resultará constitucionalmente legítima la imposición de una sanción penal, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera conforme a su tenor literal (en ese sentido, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, o 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3). Dicho en otras palabras, el amparo del derecho fundamental actuará como causa excluyente de la antijuridicidad (por todas, STC 232/2002, de 9 de diciembre, FJ 5). Ahora bien, nuestra doctrina no se detiene en esta primera conclusión básica y previsible, aunque imprescindible, sino que cuestiona asimismo la aplicación de los tipos penales en aquellos supuestos en los que, pese a que puedan apreciarse excesos en el ejercicio del derecho fundamental, éstos no alcanzan a desnaturalizarlo o desfigurarlo."

Artículo 25

2. [...] El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. 

Of course.

Artículo 28

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Regulat malauradament encara per una normativa franquista: Real Decreto-ley 17/1977

Jurisprudència STC 104/2011: "de la doctrina expuesta en este fundamento jurídico, referida a la tutela de los derechos fundamentales frente a la intervención penal -también, por tanto, cuando esté comprometido el derecho de huelga (art. 28.2 CE)-, se sigue que no cabe incluir entre los supuestos penalmente sancionables aquellos que sean ejercicio regular del derecho fundamental de que se trate, y que tampoco puede el Juez, al aplicar la norma penal (como no puede el legislador al definirla), reaccionar desproporcionadamente frente al acto conectado con el derecho fundamental, ni siquiera en el supuesto de que no constituya un ejercicio plena y escrupulosamente ajustado a las condiciones y límites del mismo. Por tanto, la sanción penal sólo será constitucionalmente posible cuando estemos frente a un “aparente ejercicio” del derecho fundamental, y siempre que, además, la conducta enjuiciada, por su contenido, por la finalidad a la que se orienta o por los medios empleados, desnaturalice o desfigure el derecho y se sitúe objetivamente al margen de su contenido esencial, quedando por ello, en su caso, en el ámbito de 1o potencialmente punible. Tal era lo que sucedía, por ejemplo, en el asunto resuelto por la STC 137/1997, de 21 de julio, en el que al recurrente se le condenó como autor de una falta de coacciones, prevista en el art. 585.4 del Código penal de 1973, por formar parte de un piquete de huelga, compuesto por unas doscientas personas, que impedía, aunque de forma intermitente, la entrada y salida de vehículos en la fábrica. Asimismo, hemos establecido en otras resoluciones que carece de amparo en el derecho de huelga impedir la entrada en la fábrica a los directivos, trabajadores de empresas contratistas o a los designados para atender los servicios mínimos, así como amenazar a los que están en su puesto de trabajo para que lo abandonen (ATC 570/1987, de 13 de mayo); golpear y coaccionar a un trabajador para eliminar de hecho su libertad de trabajo (ATC 193/1993, de 14 de junio); agredir e insultar al personal de seguridad y cometer actos vandálicos en las instalaciones de la empresa (ATC 158/1994, de 9 de mayo); interceptar y golpear el vehículo que traslada a los trabajadores, insultando a sus ocupantes (STC 332/1994, de 19 de diciembre); insultar a los trabajadores que acceden al centro de trabajo (STC 333/1994, de 19 de diciembre), entre otras." En altres paraules, les conductes anteriorment enumerades podrien ser considerades, per tant, tipus penals susceptibles de sanció per un tribunal de la jurisdicció criminal i, consegüentment, base fàctica suficient, si escau, d'una detenció preventiva.

diumenge, 4 de novembre del 2012

Última missa de la comunitat franciscana a la parròquia del Remei de Vic per falta de vocacions


"La de diumenge a la tarda ha estat l'última missa a la parròquia del Remei de la comunitat de frares franciscans que, amb només dos membres, i per falta de vocacions, ha hagut d'abandonar la ciutat, on eren presents des del 1753. 

Presidida pel bisbe de Vic, a la cerimònia hi han assistit molts immigrants, a qui els frares dedicaven especial atenció i ajuda. 

Luís Rocaspanai Albert Salarich, els dos frares franciscans del convent, amb 73 i 53 anys respectivament, abandonaran la ciutat i marxaran cap els seus següents destins, a la ciutat de Barcelona: el pare Lluís, a la parròquia de la Mare de Déu de la Salut, i el pare Albert a la cúria, la casa provincial de la congregació, al carrer Santaló.

La comunitat franciscana sempre ha destacat pel seu arrelament al territori i el contacte directe amb la gent de la comarca. Amb aquest comiat es dóna per tancada una etapa de 800 anys de presència a Osona."

29/10/2012, in el 3/24

dissabte, 3 de novembre del 2012

Lungimiranza





1. La discussió pressuposa no per força dues opinions diferents, però sempre un debat terminològic. Qui dóna les paraules de la discussió i alhora dóna les definicions d'aquestes paraules, ja ha guanyat, d'entrada i en tot cas, la discussió. Qualsevol dels que discuteixen voldran tenir el monopoli de les paraules i de les seves definicions, però l'altre mai no cedirà en quelcom tant important. El desacord en què conclouen tantes discussions rau en què ningú no ha volgut cedir, i amb raó, sobre aquest punt. Una solució fóra que un tercer imparcial i que sàpiga preveure (lungimiranza) les complexes problemàtiques que poden derivar-se de mots i nocions. La història del pensament filosòfic, sociològic, psicològic, literari, etc. és múltiple i no resol gairebé res per la fretura d'aquest tercer imparcial que sàpiga definir correctament.

2. Intentar copsar un concepte sense assumir-ne les conseqüències que tindrà el fet de copsar-lo sobre la pròpia comprensió del concepte, que sempre en tindrà (la percepció i els seus defectes són irremeiables i, precisament per això, cal estar-ne sempre atent als vicis del coneixement que ens provoquen), equival a no comprendre'l. Cal pensar en el concepte com si fos, primer de tot, un concepte pensat, i no un concepte que, més enllà del pensament, fos susceptible perfectament de ser pensat. 

Les enquestes són una fal·làcia perquè no tenen un compte un factor essencial, que és la pròpia repercussió d'aquesta dada hipotèticament avaluada, la pròpia enquesta, sobre el nou resultat que provoca. A través d'aquesta fal·làcia ben podria esbiaixiar-se l'opinió real de la societat, tot i que en cada nova versió de l'enquesta hi hagi més incrèduls, per desviar el centre no cal que tothom segueixi, sinó que encara hi hagi alguns disposats a deixar-se endur. 

3. Desmuntar conceptes errats és una feina relativament fàcil, perquè implica una tasca de contrast que en la majoria dels casos resulta de gran evidència per qualsevol observador neutre exterior. Ara bé, s'han bastit, i se segueixen bastint dia rere dia, concepcions, que són xarxes indefinidament amples de conceptes. En aitals concepcions sempre hi haurà una sèrie limitada de conceptes centrals, encara que no es tracti aparentment d'un sistema en sentit estricte, que faran diguem-ne emmalaltir els altres conceptes perifèrics. La dificultat és triple: (i) trobar aquests conceptes centrals en una concepció que no ha estat construïda sistemàticament, (ii) demostrar-ne l'error d'aquests i (iii) establir una relació de causalitat seriosa entre aquest nucli dur de l'error i la resta de la concepció, això és, la resta de conceptes, que consistirà en un conjunt de relacions probablement irrepetibles. Al llarg de la història s'ha intentat "ii", sense èxit, perquè abans d'atendre una feina immensa com aquesta, hom feia un sistema nou, amb nous arrelats errors heretats de la haver sabut desmuntar bastiments conceptuals aliens. 

4. El "jo", en sentit vulgar, per causa del vel budista, l'adormiment heraclià, la ignorància platònica, el Satanàs cristià, etc. no arriba a la felicitat. Ara bé, tampoc no arribar a conèixer correctament el món i, el que és pitjor, no arribar a saber qui és ell mateix. Entre el "jo" i el "jo" hi ha també vels, adomiments, ignoràncies i diabòlics obstacles. Sembla que, fins i tot si ens atansem al nucli dur del "jo", entre aquest nucli dur i nosaltres, que som els residents en exclusiva d'aital nucli dur, hi ha aquell mur. Sempre romanem extramurs àdhuc de nosaltres mateixos. En concret, el "jo", atenent a l'exposat, no ha de poder concebre una gnoseologia estricta. El jo que coneix al jo-coneixedor-de-si-mateix potser el coneix malament. 

A partir d'aquesta notícia trista, el pensament històric ha preferit obviar el problema i centrar-se en què no hi ha problema. I ha dit: si hi ha cap problema amb això, no és un greu, per això poder-lo obviar amb major tranquil·litat. En realitat, pot ser tremendament greu, però no hi ha cap eina dins nostre per mesurar-ho. 

5. L'escepticisme és, en aquest estadi de les coses (vid. "4"), una veritat indestructible. Ara bé, precisament pel que postula aquest moviment (no hi ha veritats indestructibles), esdevé en una fase o moment immediatament posterior massa discutible que haguem de romandre quiets a l'escepticisme. L'escepticisme recomana remoure els seus propis budells i així ho farem. Cal, com s'ha sentit i cregut a través dels segles, materials amb els quals treballar amb seguretat mínima sobre la seva veritat. 

6. La veritat ha de ser útil. Si la veritat fos l'ésser, no seria útil. L'ésser pot ser requisit indispensable, essencial, concepte que des de la lògica permet la intel·ligibilitat, però no és útil. L'ésser és un dels conceptes més inútils de la història civilitzada de la humanitat. Hi ha hagut conceptes que han donat pocs fruits, però el d'ésser, ben al contrari al que pensa la filosofia, ha endarrerit el progrés almenys un mil·leni. L'ésser i l'explicació que d'aquest ha donat al teologia ha provocat l'immobilisme a la vella i petita Europa. Massa temps s'ha dedicat a pensar en l'ésser i no en com civilitzar la terra i fer-la fèrtil. 

7. Que la veritat hagi de ser útil no vol dir que la veritat sigui útil. De fet, la veritat com a concepte ha estat contínuament al servei de les causes menys favorables al poble i, encara avui, ha servit quasi en exclusiva per ser al·legada per una minoria en contra d'una majoria. El concepte de veritat ha de començar a atorgar-nos algun benefici. 

Per això, la primera pedra d'aquesta nova idea de veritat, per superar "4" definitivament, ha de ser substraure de la concemplació escèptica una veritat que pontifica que l'escepticisme de dubte contra els susdits "materials amb els quals treballar amb seguretat mínima" és fals. 

Fins aquí, no s'ha avançat ni un pam: només hem sortit d'un debat-definit-en-la-pròpia-essencial-per-la-total-fretura-de-solucions que ha anat prenent eloqüència a partir de l'embadaliment dels mateixos escèptics. 

8. L'escepticisme avui és la desafecció política. Abans l'escepticisme radical, en termes sociològics, deia: com no sabem res, no aprendrem res i ens hi posarem còmodes. Durant un temps, en la línia de qui, per no saber, negava també el lliure albir: com tot és necessari, o si més no no sé si puc fer res, i sembla que passarà faci el que faci, no faré res. Avui dia, però, l'escepticisme és odi als polítics, desinterès de la polítics, desconfiança en els governs de tota escala, des de local dels poblets fins les Nacions Unides. El problema de la política, tanmateix, no és la desafecció, sinó que els ciutadans, que estan deixant de ser-ho precisament per aquest modus operandi, s'han posat còmodes en aquesta concepció. Mentre, d'una banda, no posar-se còmode significa lluitar per sortir d'aquell estat, intentant canviar-ho, recolzant a qui ho canvia, o almenys informar-se per saber si algú altre ens dóna una alegria perquè ho està canviant mica en mica, d'altra banda, posar-se còmode significa la queixa-amb-gaubança, la queixa de comèdia o directament la caricatura d'un mateix. 

Avui som, en termes sociològics, en un escepticisme que no considera, com sí hauria de fer-ho, tràgides els fets base que l'obliguen a postular-se escèptic. Som en l'escepticisme d'oportunitat. 

9. La desafecció política, nogensmenys, té un àmbit més ample: els polítics pateixen desafecció d'ells mateixos, perquè es creuen impotents i, en definitiva, realment ho són. Si els polítics no ho fossin, farien evidentment l'única cosa que es pot fer per acabar amb el verí que emmetzina tota la política: complir el partit guanyador el seu programa electoral, i complir aquest mateix programa també els mateixos partits de l'oposició, cooperant en virtut de llurs propis programes respectius en allò que aquell i aquests siguin compatibles, i complir-lo íntegrament i executar-lo visiblement. 

El problema, però, és més complex: els programes electorals tenen certes propostes -que són les més importants- que es projecte dellà una legislatura. El primer mal és que els partits polítics no conceben seguir governant i ni tan sols existint passats uns quants anys, i prova d'això és que els polítics, més enllà del partit, es succeeixen els uns als altres i ben pot ser que hi hagi moments fins i tot de staccato. El segon mal és que els mateixos polítics, en períodes de tamps relativament curt, àdhuc d'una sola legislatura, implementen mesures que tenen una execució a curt termini que contradiuen obertament altres mesures, suposadament de la mateixa ideologia, a llarg termini, i que impedeixen que aquestes últimes, malgrat intentar empènyer-les i recolzar-les amb partides pressupostàries, mai no arribin a dur-se a terme. Si s'intenta "BCD" per demà passat i alhora s'intenta "OPQ" per d'aquí vint anys, i sols hi ha v.gr. diners per quatre lletres, fóra probablement un error ocupar-se de "BCDO" i deixar fora "PQ", essent els últims tres més importants que els tres primers (suposem, construir línies de T.G.V. respecte el pagament de pensions de jubilació), no només per la inexecució que es produeix, sinó també per la desafecció que es desencadena. 

10. Conseqüència de la desafectació és l'antidemocràcia, que consisteix a voler amb més intensitat, petulància, sinergia allò que progressivament esdevé socialment més marginal. Ser antidemocràtic significa que, quan s'hagi format una majoria social manifestada clarament en vots, passem a estar encara més en contra d'aquelles idees majoritàries per la novella força que han adquirit. 

Exemple -només exemple- d'això són les eleccions del 25-N. El projecte nacionalista, que a hores d'ara és independistista a Catalunya almenys en termes de partit, i el federalista, poden mesurar la seva viabilitat des de dues òptiques: (a) l'encabiment jurídic, que en els dos casos, amb l'actual Constitució (que per cert Zapatero no va voler reformar, tot i el seu projecte federal del qual s'acabà erigint en el seu primer artífex del seu fracàs), és impossible, i (b) el recolzament popular (quan mai s'ha recolzat a Catalunya el federalisme des de Pi y Margall i Almirall?). En aquest sentit, el federalisme, encara que estigui més a prop de la realitat actual, és més impossible, sobretot per no estar envoltat de cap boira sentimental. 

Aquí pot sintetitzar-se el que hem dit, i que és el moll de l'ós d'aquest article, sobre l'error en els conceptes en l'observació i tot el mal absolut que desenvolupa dins.